Citando al Lic. Jorge Corsi: “Estamos en condiciones de asegurar que de acuerdo a las investigaciones que se han ido realizando en Argentina, el problema de la Violencia Familiar debe ser considerado desde una triple inscripción: como un problema de derechos humanos, como un problema de salud pública y como un problema de seguridad ciudadana".
En el año 1985 la primer política pública que se diseñó desde el Estado Nacional, fue la creación de la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia Doméstica y Asistencia a la Mujer Golpeada, actuaba en el ámbito de la Subsecretaría de la Mujer, del Ministerio de Salud y Acción Social, a cargo de la Sra. Zita Montes de Oca. Sus acciones promovieron la incorporación de la problemática en la agenda pública, el desarrollo de campañas de sensibilización en todo el país y el apoyo para la formación y desarrollo de Centros especializados gubernamentales y no gubernamentales. Corría el año 1988, y en el mes de noviembre se organiza el “Primer Encuentro Nacional de Centros de Prevención de la Violencia Doméstica y Asistencia a las Víctimas”, que se desarrolla en Chapadmalal, Provincia de Buenos Aires.
En 1989 se publica con el apoyo de Naciones Unidas, el libro “Mujer Golpeada”, que recopila las ponencias y conclusiones de lo producido en ese encuentro. En 1989, y a partir del recambio presidencial, se determina el cese de la “Comisión Nacional de Prevención de la Violencia Doméstica y Asistencia a la Mujer Golpeada” y el de la Subsecretaría de la Mujer.
En el ámbito del trabajo se ha comprobado que la existencia de violencia intrafamiliar produce un incremento del ausentismo laboral y una disminución del rendimiento laboral. En el ámbito de la salud tiene consecuencia para la salud física, como por ejemplo lesiones, embarazos no deseados, problemas ginecológicos, discapacidades diversas, abortos, fracturas, adicciones, etc. Para la salud mental consecuencias como depresión, ansiedad, disfunciones sexuales, trastornos de la conducta alimentaría, trastornos pseudospsicológicos. Tiene consecuencias letales, tales como el suicidio u homicidio. En el ámbito de la educación produce aumentos del ausentismo escolar, aumentos en la deserción escolar, trastornos de la conducta y del aprendizaje y violencia en el ámbito escolar.
En el ámbito de lo social suele incluirse la violencia social, violencia juvenil, conductas antisociales, homicidios y lesiones en el ámbito familiar y delitos sexuales. Y finalmente en el ámbito de la economía, la violencia familiar está asociada con incremento del gasto en los sectores de salud, educación, seguridad, justicia y una disminución en la producción global.
Es decir, que entender el problema de la Violencia Familiar en estas tres dimensiones requiere el compromiso de diferentes áreas de incumbencia, enfocando el problema desde una perspectiva integral. En 1991, se crea el Consejo Nacional de la Mujer, dependiente de Presidencia de la Nación, que “no tuvo ninguna área específicamente dedicada a políticas relacionadas con violencia, no ocurriendo lo mismo en las áreas provinciales y municipales.”
El 7 de diciembre de 1994, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue sancionada la ley N 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, y promulgada en diciembre del mismo año. El tema marcó un hito histórico, a pesar de que se cercenó toda una segunda parte de sanciones, de probation, que estaba contemplada en la Ley que presentó el senador Brasesco, que preveía un proceso rápido y completo: incluía denuncia, desarrollo, pruebas, medidas precautorias de urgencias y sanción si no se cumplía con determinadas pautas que estipulaba la ley. Sin embargo, esta ley permite que las mujeres se sientan más protegidas, porque el tema se visibilizó, veintiuna provincias la acogieron y permite trabajar en forma interdisciplinaria, como se debe trabajar esta problemática.
La Ley 24.417.
La Reforma de la Constitución Nacional de 1995, también significó un avance en los derechos de la mujer, ya que incorpora a su texto diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre los que se encuentra la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Este instrumento reafirma y garantiza el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia.
En el año 1996, empezaron a funcionar los primeros programas de atención para hombres violentos, llevados adelante por especialistas masculinos. En 1996, la Dirección General de la Mujer, crea el Programa de Prevención de la Violencia Familiar. El Consejo Nacional de la Mujer, es el organismo dentro del Poder Ejecutivo Nacional, responsable del seguimiento y control del cumplimiento de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que tiene rango constitucional según el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.
www.isparm.edu.ar
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